¡Basta de femicidios! Ni una menos

La golpearon y la enterraron cuando aún presentaba signos vitales. La apuñaló en un bar y luego intentó quitarse la vida. La prendió fuego.

En la habitación de la casa, en el patio, en la vereda o en un bar. En cualquier lugar, a cualquier hora. Hace 5 años fueron Wanda y Fátima. Dos años antes había sido Adriana. Hace pocos días Chiara.

Otra vez, otro caso… El efecto narcotizante se entremezcla con la impotencia. Una convocatoria se propone alzar la voz  y dejar en claro que no se permitirá “ni una menos”. Así el 3 de junio a las 17 muchas y muchos pondrán su cuerpo en el Congreso para reclamar por la implementación de la ley 26.485 y para gritar: ¡Basta de femicidios!

Hace ya 6 años se sancionó la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, que fue reglamentada en julio de 2010 bajo el decreto 1011.

Un año después se sancionó la Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal y que dispuso un agravamiento de las penas por violencia machista.

Por esas causas, entre otras, existe el consenso en nuestro país sobre la utilización del término femicidio, a diferencia de otros estados como el mexicano en el que la palabra feminicidio incorpora “la impunidad y la inacción del Estado para evitar y castigar los asesinatos masivos de mujeres por razones de género” (Santoro y Chaher; 2006:146).

Ahora bien, ¿qué hay sobre la implementación de dicha normativa?

La Ley 26.485 establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá promover las políticas públicas necesarias para que las disposiciones de esta normativa puedan hacerse efectivas.

Que el presupuesto de dicho organismo haya sido el año pasado 33% menor comparado con lo asignado en 2013 y que signifique además el 0,0018% del presupuesto total puede brindarnos algunas pistas sobre lo que la violencia hacia las mujeres representa entre las prioridades políticas.

En el artículo 12 de la Ley 26.485 se menciona la creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, una de cuyas funciones es el monitoreo y la sistematización de la información sobre violencia contra las mujeres. Hoy todavía se utiliza como fuente de estadísticas sobre femicidios la proporcionada por los informes que elabora el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Se trata de un registro que releva los femicidios en base a las publicaciones en medios gráficos del país.

Otras cuestiones tales como la que se menciona en el artículo 10 sobre una de las responsabilidades del Estado Nacional que implica garantizar el patrocinio jurídico y la asistencia gratuita, o la elaboración del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres como una de las facultades del CNM están lejos aún de ser una realidad en nuestro país, 6 años después de la sanción de dicha ley.

¿Que no se avance quiere decir que se retrocede? ¿Los derechos de quiénes están garantizados si la normativa no se lleva a la práctica, si no tiene efectos positivos sobre la vida cotidiana de las mujeres?

¿Qué grado o nivel de responsabilidad tiene el Estado sobre las 277 mujeres que fueron asesinadas en 2014, sobre las más de 20 asesinadas este año? ¿Habrá que repensar la diferencia entre femicidio y feminicidio en Argentina?

Con la convicción de que el Estado garantizará los derechos de las mujeres y pondrá a disposición los recursos necesarios para que la ley 26.485 pueda hacerse efectiva, el 3 de junio a las 17 hs. el Congreso será testigo de la convocatoria: ¡Ni una menos!

Convocatoria 3 de junio 17 horas CONGRESO

Convocatoria 3 de junio 17 horas CONGRESO

Artículo publicado originalmente en blog de ACCT

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About Andrea Gutierrez

Pienso, reflexiono, escribo- me indigno, también- con perspectiva de género. Creo profundamente que lo personal es político.
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