Leyes y medidas anti-trata

*Artículo extraído del blog de Acciones Coordinadas contra la Trata

¿Cuál es el vínculo que se teje entre autonomía y libertad de lxs sujetxs en el marco del diseño y la implementación de políticas públicas que se han sucedido durante los últimos años con respecto a la trata de personas? El objetivo de este artículo es preguntar y problematizar más que hallar respuestas.

Al diseñar políticas públicas es imprescindible tener en cuenta a lxs destinatarixs de las mismas, y aquí aparece un primer problema puesto que delimitar implica incluir y también su antónimo: excluir. Definir junto a quiénes se trabajará o a quiénes serán consideradxs sujetxs de derecho envuelve un problema: ¿con quiénes no se trabajará?, o en otras palabras, ¿quiénes quedarán fuera, por tanto excluidos? Ese límite es el que en algunos casos distingue lo posible de lo imposible, de lo impensable, de lo abyecto.

El decreto Nº 936, del año 2011, promueve la “erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual”. Dicha normativa, con el propósito de prevenir el delito de trata de personas, también cercena la posibilidad de publicitarse a quienes deciden autónomamente ejercer el trabajo sexual. La prohibición tiene como foco la explotación por parte de terceros pero actúa sobre la totalidad de avisos  que “promuevan la oferta sexual”.

En términos formales, la política anti-trata tiene un amplio consenso social en tanto privar de libertad a una persona no es una situación deseada o que suscite opiniones encontradas. Sin embargo, el límite es difuso al implementar medidas contra la trata con fines de explotación sexual en tanto cercena las libertades de mujeres que ejercen el trabajo sexual o la prostitución. Si bien no se trata de políticas de persecución y represión (Von Lurzer, 2005) directamente destinadas a las trabajadoras sexuales o a las personas en situación de prostitución, la implementación de medidas como el decreto mencionado las afecta al menos indirectamente.

Algo similar sucede con la ley de prevención y sanción de la trata de personas, que fue sancionada en 2008 (Ley 26.364) y modificada por la ley 26.842 que entró en vigencia casi 5 años después. Además de la definición de trata y otras modificaciones, lo que cambió principalmente fue la figura del consentimiento.

Así, hacia el final del artículo 1 dice:

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

Y, de igual modo, se agregó en varios artículos punitivos la aclaración  “aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

Según las antropólogas Cecilia Varela y Andrea Daich, estas nuevas políticas aumentan el poder de policía y generan una “industria del rescate”. Ambas prácticas para estas investigadoras vulneran los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual voluntariamente.

Lo dicho hasta aquí no pretende analizar exhaustivamente cada una de las medidas legislativas o las políticas públicas más amplias en las que las mismas se enmarcan; sino reflexionar sobre las diferentes posiciones de lxs sujetxs frente a cada una de ellas.

Pensar qué significa ser autónomx, qué significa la libertad, a qué nos referimos cuando hablamos de identidad y qué límites establece una política pública.

Incorporar a las personas como sujetxs de derechos implica visibilizarlas, otorgarles un reconocimiento que muchxs han venido pidiendo y militando durante los últimos años. La reflexión, sin embargo, excede ese campo porque nos interpela sobre aquellos que no han pedido estar pero que, al mismo tiempo, ese “no estar” puede dejarlos afuera; afuera a veces significa no existir.

(El uso de la x en reemplazo del femenino y masculino de las palabras es claramente intencionado haciendo énfasis en el sexismo que nos impone la estructura del castellano.)

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About Andrea Gutierrez

Pienso, reflexiono, escribo- me indigno, también- con perspectiva de género. Creo profundamente que lo personal es político.
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